¿Es realmente universal e igualitario el voto en Argentina? Mientras que los presos sin condena votaron por primera vez en las elecciones nacionales, los discapacitados físicos vienen ejerciendo con mucha dificultad este derecho.

Por María Alicia Alvado

A pesar de que el voto es la principal manifestación del sistema democrático que nuestro país se enorgullece de haber recuperado hace 24 años, algunos sectores de la población han visto durante este tiempo restringido o limitado su derecho a elegir representantes.

Y en estas elecciones nacionales se pudo ver reflejado uno de los mayores logros alcanzados por distintas organizacionessociales que trabajan para el ejercicio pleno de los derechos cívicos: que por primera vez pudieran votar los 25 mil presos sin condena que habitan los penales del país.

En tanto, casi dos millones de discapacitados físicos esperan por nuevas disposiciones que adapten los edificios escolares, las campañas y las boletas de votación a sus limitaciones, de forma que puedan cumplir con este deber y derecho cívico en igualdad de condiciones. En ello también están trabajando organizaciones de la sociedad civil.

Las urnas traspasan las rejas La derogación, a fines de 2003, del inciso “d” del artículo 3del Código electoral, que eximía del voto a “los detenidos por orden de juez competente mientras no recuperen su libertad”, fue consecuencia de un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Paola García Rey, abogada del área de Litigio y Defensa Legal del CELS, explica que el recurso tuvo la particularidad de ser uno de los primeros presentados colectivamente y en un doble sentido, pues se interpuso “en defensa tanto del derecho de todos los presos sin condena a votar como de la sociedad toda a que no se altere la votación por la no inclusión de un sector en condiciones de ejercer este derecho”.

Así, en estas elecciones del 28 de octubre se habilitaron salas de votación en todas las cárceles del país para que los internos sin condena pudieran emitir sufragio.

Pero para que esto fuera posible, antes debieron confeccionarse padrones especiales, proveer de DNI a quienes no los tenían, capacitar e informar a la población carcelaria, al personal penitenciario y a los apoderados de los partidos políticos.

Casi una misión imposible
Transmitidas por televisión, las imágenes de la vicejefa de Gobierno electa, Gabriela Michetti, no pudiendo ingresar por sus propios medios a la escuela de votación por falta de rampas, se convirtieron en un símbolo de las condiciones a las que se ven sometidos los discapacitados físicos a la hora de cumplir con este derecho y obligación cívicos.

Según la Fundación Acceso Ya, el 95 por ciento de los colegios privados porteños y el 75 por ciento de los públicos no son accesibles para los discapacitados.

Por eso, en abril de este año la organización presentó una medida cautelar para que se les garantizara el derecho al voto. El planteo fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia con el argumento de que existen “diversas medidas previstas en la legislación electoral” como “trasladar la urna hasta la puerta de acceso al local” o “armar un cuarto oscuro volante, entre otras”.

“La solución que nos dieron no es viable porque no nos pone a todos en igualdad de condiciones y nadie sabe cómo implementarlo”, explica Ignacio Garriga, Coordinador de Recursos de Acceso Ya.

Alina Fontana, de la Coordinación Nacional de Programas Sociales del Centro de Integración Libre y Solidaria de Argentina (CILSA), opinó que actualmente “no están dadas las condiciones para que las personas con discapacidades puedan sufragar en libertad y plenitud, y esto no es sólo responsabilidad del Estado sino de todos ya que un edificio no es más accesible porque tenga una rampa, sino que la accesibilidad tiene que ver con un cambio social y cultural”.

En atención a estas dificultades, la Dirección Nacional Electoral tiene en marcha desde mayo de este año un Programa de Accesibilidad Electoral que, entre otras cosas, plantea la selección de escuelas que no posean desniveles u obstáculos de acceso y la instrumentación de una mesa de fácil acceso en cada centro de votación y de portaboletas con inscripciones en Braille.