Aunque la Constitución Nacional garantiza el derecho a la información pública, todavía no existe una ley nacional que lo regule. El periodismo, por otro lado, tiene un rol clave en ese acceso.

Por Iván Pérez Sarmienti / Fotos: Renan Fernandes, Raúl Laprida

El 28 de septiembre pasado se conmemoró el Día Mundial del Derecho al Acceso a la Información Pública (o a Saber), y si bien en este campo la Argentina todavía tiene deudas pendientes, recientemente se han producido algunos avances, como la decisión del Consejo de la Magistratura de hacer públicas las declaraciones juradas de los jueces.

Esta nueva medida es una respuesta a un pedido de la Fundación Poder Ciudadano y el diario La Nación, pero tiene ciertas restricciones: sólo se podrá acceder a las declaraciones en los casos en los que se fundamente cuál es el objeto de la petición y el destino de la información, además de estar vedados los “datos sensibles”, ya que las declaraciones tienen una parte pública y otra reservada, a la que no se puede acceder libremente. Por último, la medida tampoco alcanza a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dado que las facultades del Consejo afectan sólo a los jueces inferiores.

“Las declaraciones juradas de los jueces se vinculan con el derecho de acceso a la información pública. Ellos también son funcionarios públicos y la negativa de la mayoría de ellos de entregar información sobre su patrimonio atenta contra la transparencia y la lucha contra la corrupción”, destacó Varina Suleiman, coordinadora del área Acción por la Justicia de Poder Ciudadano.

A pesar de que el marco normativo argentino no cuenta aún con una ley nacional que regule el ejercicio del derecho a la información pública, éste está contemplado en la Constitución a través de varios tratados internacionales.

En la actualidad, ocho provincias cuentan con leyes que garantizan este derecho: Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, Río Negro, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mendoza y Misiones, en tanto, tienen previsiones legales específicas sobre este derecho en relación con la protección del medio ambiente. Por otro lado, Misiones, Entre Ríos, San Luis y Salta, cuentan con decretos que regulan el acceso a la información pública y numerosos municipios de todo el país tienen sus propias ordenanzas sobre cómo solicitar y recibir información desde el gobierno.

En diciembre de 2003 se emitió el Decreto 1172 que regula el derecho de acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. En el mismo se establece como autoridad de aplicación a la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia y a la Oficina Anticorrupción como el organismo encargado de recibir todas las denuncias relativas al incumplimiento de la normativa.

Por otro lado, distintas organizaciones de la sociedad civil impulsan desde hace tiempo la sanción de una Ley de Acceso a la Información Pública.

Sin embargo, este acceso está lejos de ser una realidad en nuestro país, y al respecto mucho tiene qué decir el periodismo.

“El poder político necesita del poder que tiene la ciudadanía, porque ni las dictaduras más feroces pueden gobernar sin consenso. Pero el poder también son los medios de comunicación, que hacen su juego: son empresas. ¿El periodista? Tampoco es un actor ingenuo, porque tiene que trabajar pensando en lo económico y para su medio. Y la gente también interviene, porque es la que decide qué información quiere recibir”, sostuvo el periodista y escritor Jorge Halperín en una charla organizada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Licenciatura en Comunicación Social de la UCES donde se discutió “Cómo acceder a la información en manos del poder”.

“El papel de controlar el poder, que debería hacer la prensa, no está funcionando bien. Así no puedo ejercer la plena ciudadanía”, concluyó el periodista.

+ Organizaciones

Acceso a la Información Pública
www.accesoalainformacion.org

Asociación por los Derechos Civiles de Argentina
ADC es una organización no gubernamental, apartidaria y sin fines de lucro creada con el propósito de contribuir a afianzar una cultura jurídica e institucional que garantice los derechos fundamentales de las personas, sustentada en el respeto por la Constitución y los valores democráticos.
www.idealist.org/if/i/es/av/Org/143741-310

Fundación Poder Ciudadano
Poder Ciudadano tiene la misión de generar información cívica y promover acción colectiva para construir ciudadanía.
www.idealist.org/if/i/es/av/Org/118329-19

Infocívica
Infocívica nació para facilitar la llegada de la información que generan las organizaciones no gubernamentales a los medios de comunicación.
www.idealist.org/if/i/es/av/Org/143311-292